Cuatro de los seis antifascistas de Zaragoza han sido condenados por el Tribunal Supremo a cuatro años y nueve meses de prisión por “delitos agravados de desórdenes públicos y atentado” y “lesiones”. Desde la aleatoria detención del 17 de enero de 2019, tras una movilización contra un acto de Vox que fue reprimida por la policía, al largo proceso judicial sin pruebas, pasando por el insostenible montaje policial y el acoso mediático habitual por parte de los medios de comunicación, esta condena de carácter ejemplarizante e intimidatorio, que le destroza la vida a cuatro personas, le sirve al Estado para advertir al conjunto de la clase trabajadora de los riesgos que asume al tomar partido en contra del orden burgués, en este caso de su muro de contención fascista.

La agudización de la crisis capitalista tiene entre sus consecuencias para la clase trabajadora el desmantelamiento de las aparentes libertades políticas más básicas. De las instituciones del Estado no esperamos compasión, ni mucho menos justicia, ya que la condena contra los antifascistas de Zaragoza no responde simplemente a la voluntad particular de un puñado de jueces de derechas, sino que es el resultado normal y esperable de un procedimiento represivo ajustado al orden de clase imperante. Porque el Estado, por más democrático o progresista que se pinte, no es más que la forma estructurada de la dictadura del capital, la herramienta mediante la cuál la burguesía se impone militarmente, se legitima ideológicamente y se desarrolla económicamente. Por eso, en un pulso como el que ha supuesto el caso de los 6 de Zaragoza, para la clase obrera no hay más garantía que la que pueda hacer valer unilateralmente por la fuerza de los hechos.

Tanto como señalamos la absoluta falta de garantías de los juicios contra los compañeros antifascistas y denunciamos el montaje al que han sido sometidos, creemos que la confrontación con las fuerzas del capital no solo es legítima, sino que es la única vía posible. Y eso requiere, si nos tomamos en serio nuestras aspiraciones, avanzar en la construcción de la organización revolucionaria del proletariado. Este objetivo implica que las revolucionarias nos unifiquemos en torno a la estrategia y la práctica más avanzadas, superando desviaciones y vinculándonos efectivamente con las masas. Sin embargo, entendemos que esto no puede darse por decreto, ni de manera precipitada. Tampoco se va a tratar de un proceso armónico, en el que se encuentre una suerte de punto medio entre las propuestas estratégicas de los diferentes sectores. Al contrario, creemos que para avanzar, necesitamos de la confrontación, de la crítica y la autocrítica honestas, y conectadas al desarrollo de nuestras tareas, del trabajo cotidiano. Es desde ahí que podremos ir concretando la línea más efectiva y en torno a la cual materializar la progresiva vinculación real del proletariado a las tareas de la revolución.

En este sentido, creemos que conviene también realizar, en general, un balance crítico (y autocrítico) del último ciclo de movilizaciones, y en particular, cuestionar la forma en que las organizaciones y movimientos antifascistas hemos respondido al auge de la reacción que se ha producido en los últimos años. Sin duda, la falta de organización y de orientación estratégica nos ha empujado a caer en un espontaneísmo defensivo, caótico, ciertamente identitario, y por las propias dinámicas de marginación y derrota histórcia de las que venimos, profundamente desenraizado y aislado del conjunto de la clase obrera. Así pues, en el mejor de los casos podemos decir que la respuesta antifascista, tal y como se ha desarrollado durante los últimos años, ha servido para hacer visible el compromiso antifascista de la oposición extraparlamentaria, pero hemos de ser honestas y admitir que, en las condiciones de desarticulación organizativa que arrastramos, de ninguna manera habríamos sido capaces de combatir exitosamente al fascismo, y que, de hecho, en muchos casos la táctica desorientada de las organizaciones y movimientos antifascistas ha facilitado la represión contra su militancia. Además, el aislamiento de muchas de estas movilizaciones respecto a sectores más amplios de la clase trabajadora impedían que estas sirvieran para hacer trabajo político y desarrollar su conciencia. Y esto no es un llamado a la desidia y la desmovilización, al contrario: no creemos que debamos dejar de responder con las herramientas de las que dispongamos en cada momento por el hecho de que no sean las ideales, pero es importante ser autocríticas y admitir nuestras debilidades para poder avanzar en las tareas de rearticulación política que más pronto que tarde deberían permitirnos, ya no solo actuar defensivamente, sino pasar a la ofensiva como clase.

En la misma línea, nos parece importante denunciar la posición cómoda, hipócrita e interesada de la socialdemocracia, entre otras muchas cosas, en lo que respecta a la cuestión del fascismo. No planteamos ninguna novedad cuando afirmamos que, durante los últimos años, la izquierda institucional ha azuzado electoralmente la alerta antifascista para, una vez establecida en sendos gobiernos “progresistas”, continuar impulsando e incluso aumentando las dinámicas represivas del ciclo anterior. La socialdemocracia ha sido responsable de la represión contra los antifascistas en Zaragoza, contra los migrantes en Melilla y contra los huelguistas en Cádiz. Bajo sus órdenes han tenido lugar las infiltraciones policiales en movimientos sociales destapadas durante los últimos años, la persecución a militantes comunistas y anarquistas, la sofisticación de la Ley Mordaza, la alianza con la patronal para apuntalar la Reforma Laboral, la colaboración financiera y militar con la OTAN y el sionismo, o como estamos viendo durante las últimas semanas, la criminalización más desatada contra el ecologismo militante. Tampoco han tenido el menor reparo en aliarse con la derecha y las fuerzas parapoliciales fascistas para imponer por la fuerza su antiproletaria política de vivienda. Concretamente, en Aragón, decenas de militantes del movimiento por la vivienda están siendo fiscalizadas estos días, varios espacios autogestionados de organización popular han sido desalojados en Zaragoza y en Huesca y algunos otros se encuentran bajo fuerte amenaza. Por no hablar de la represión económica. Y Aragón no representa ni mucho menos una excepción, el mapa de la represión en el conjunto del Estado español es clarificador del carácter autoritario del régimen. Así que no, de ninguna manera aceptamos las lágrimas de cocodrilo de la socialdemocracia y les señalamos como lo que realmente son, gestores de la miseria al servicio del capital. Enemigos de clase.

Por último, insistimos en la necesidad imperante de la organización y la rearticulación de la estrategia revolucionaria como única vía posible para la consecución de victorias, así como de la solidaridad con los cuatro compañeros de Zaragoza y con el resto de personas represaliadas y presas políticas por el Estado capitalista. En nuestras manos está no abandonar a nadie y que la represión no suponga un punto y final, sino un punto y seguido en el movimiento real por la emancipación de la clase obrera.